Política de Estado o sólo una flor de primavera

Daniel Cecchini.

Una presentación de abogados y un dictamen de comisión que apuntan a preservar los avances en la lucha contra la impunidad.

Relegada por las banalidades, los gestos sobreactuados y las chicanas ramplonas que ocupan el lugar central –si no el único– de las campañas políticas vacías de contenido que protagonizan los principales precandidatos presidenciales, la preocupación de diferentes sectores de la sociedad por el futuro de los juicios de lesa humanidad y el cumplimiento efectivo de las penas por parte de los genocidas ya condenados produjo esta semana dos hechos que fueron prácticamente ignorados por los medios de comunicación hegemónicos.

Es una preocupación política relacionada con dos circunstancias concretas: por un lado, la evidente reluctancia de la Justicia para avanzar en el juzgamiento de los civiles –funcionarios y empresarios– partícipes del terrorismo de Estado y, por el otro, la indefinición –más allá de la participación en actos formales de algunos de ellos– de los candidatos sobre la continuidad real de la política de Estado de Memoria, Verdad y Justicia en el próximo período presidencial.

El miércoles, un grupo de abogados de causas de lesa humanidad intentó entregarle en mano al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, un documento en el que repudian “las últimas resoluciones dictadas por distintos tribunales del país que obstaculizan el juzgamiento de los responsables civiles de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado”. El titular de la corte no los recibió, y los abogados debieron conformarse con dejar la nota en la mesa de entradas y esperar que se cumpla la promesa de darles una audiencia en los próximos días.

La delegación estaba encabezada por el abogado Eduardo Tavani y entre los integrantes se destacaban Adriana Taboada, del Centro de Memoria, Verdad y Justicia de zona Norte; Beinuz Smukler, presidente de la Asociación Argentina de Juristas; Hugo Cañón, ex fiscal general federal de Bahía Blanca; Ciro Annicchiarico, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos; y Julio Morresi, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. También estuvieron presentes funcionarios como Ana Oberlin, directora nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y Jorge Auat y Carolina Varsky, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

El texto refleja la preocupación por el estancamiento de los juicios, que fue uno de los temas centrales de las últimas “Jornadas nacionales de abogadxs de lesa humanidad”, realizadas en abril pasado. En ese sentido, las faltas de mérito dictadas a favor del dueño de Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y del director y propietario del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, son apenas ejemplos emblemáticos de una realidad extendida en todo el país. Lo mismo sucede con la parálisis a la que quedó sometida la causa por la apropiación ilegal de las acciones de Papel Prensa en el juzgado a cargo de Julián Ercolini.

El jueves, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la de Justicia le dieron dictamen positivo a un proyecto de ley para prohibir los indultos, las amnistías y la conmutación de penas en delitos de lesa humanidad, que ya tenía la aprobación de la Cámara de Diputados. Entre otros puntos, el proyecto establece que “las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y en los tratados internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena”. También estipula que cualquier intento de establecer una amnistía en delitos aberrantes contra la humanidad será considerado de “nulidad absoluta e insanable”.

En otras palabras, diputados y senadores intentan que la historia de los indultos menemistas no se repita. Lo dijo claro Estela de Carlotto, que asistió a la audiencia: “Esta ley asegura que no tengamos un retroceso con el gobierno que venga”.
A buen entendedor, pocas palabras.

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